Los políticos que no amaban a las mujeres

De nuevo vuelvo a reincidir sobre el problema de los derechos de las mujeres. Desgraciadamente las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sentimentales no paran de recordarnos el frente social que sigue permaneciendo abierto. Cifras que son un claro indicador de que algo, mejor, un muy mucho, no anda bien en las relaciones entre mujeres y varones.
Para los partidos políticos los derechos de las mujeres han sido siempre, en el mejor de los casos, un tema “indiferente”. La historia nos muestra que ante las demandas de igual trato y derechos, los partidos en principio sostuvieron una actitud en franca oposición. Sin más, baste recordar que los logros sociales de equidad para las mujeres como, por ejemplo, el derecho al voto, a la educación o al divorcio, se debieron siempre al empeño y lucha de las reivindicaciones formuladas por las feministas y sin más compañía que ellas mismas.

Quizá esta “indiferencia” sea la que explique el rechazo de la mayoría de mujeres feministas a engrosar las filas de las agrupaciones políticas incluso las situadas a la izquierda ideológicamente -la derecha, como es sabido, por principio, niega el conflicto en la estructura social-. Si bien es cierto que ha habido y hay algunas feministas que sí se han atrevido a aceptar el reto partidista integrándose. Mayormente lo que les suele suceder es que se encuentran con el “reconocimiento” de un mejor o peor arrinconamiento personal y de sus ideas. A pesar de que en algunos casos se trata de feministas de larga e impecable trayectoria política dentro del movimiento de los derechos de las mujeres.    

Hasta aquí muchos lectores y lectoras pensarán que todo esto es una visión feminista interesada y por tanto exagerada de la realidad y que no hay por qué quejarse tanto, pues también se pueden observar los avances que se han hecho en los últimos tiempos en la mayoría de los partidos políticos (incluso los de derechas). Éstos se han vuelto más sensibles a la igualdad entre mujeres y hombres y así muchos de ellos han incluido mujeres como cabeza de sus listas electorales (Ada Colau, Manuela Carmena, Inés Arrimadas, etc.). Asimismo se puede alegar que en el campo de la violencia de género se ha logrado un alto reconocimiento institucional del problema.

Ciertamente la sociedad española tiene una ley (Ley Orgánica 1/2004) que en su día supuso un gran avance social y con el que se ganaron el respeto y los elogios del resto de países europeos. Efectivamente se han abierto juzgados especializados, se ha concienciado y especializado a policías, jueces y cuerpo sanitario; tenemos casas refugios, teléfono de atención a las víctimas, etc.

Sin embargo, las noticias nos recuerdan muy a menudo que los asesinatos siguen perpetrándose e incluso llegan a crecer de manera intolerable cada año (57 asesinadas en 2015). Lo más dramático de todo ello es que parece ser que por parte de la clase política no hay visos de poner solución a estos crímenes y demás violencias contra las mujeres. Para los políticos la considerada violencia de género es tomada como un mal bíblico en tanto no parece que busquen solución. No, no exagero. Esta desgraciada afirmación la sostengo, y me atrevo a pronosticar que casi todo el mundo la intuye, ante la inoperatividad política mostrada hasta el momento.   

Las evidencias de este desinterés político son contundentes, las tenemos delante y a la vista. Basta con aproximarse a los programas electorales de 2015 y sus propuestas en materia de violencia de género. Da la impresión de que se hubiera producido un consenso entre los cuatro partidos con posibilidades de gobernar -supongamos que tanto solos como en distintas coaliciones-. El común denominador del supuesto pacto no es otro que abordar el fenómeno de la violencia de género sólo en el nivel de las consecuencias, esto es, la atención a las víctimas. Sí, no es ningún error, les animo a que lo contrasten.

Por supuesto que desde estas líneas no se propone quitar ni un solo céntimo a los cuidados y atención a las víctimas, pero ¿nuestra sociedad se puede permitir que sólo hasta ahí vayan sus esfuerzos para salvar las vidas de tantas mujeres? Sí bien es cierto que alguna propuesta va un poco más allá y pide que se restablezca en el sistema educativo la desaparecida asignatura de Educación para la Ciudadanía o una medida similar ¿un problema de esta dimensión se soluciona sólo con una asignatura o seminario? 

Tampoco puedo dejar de mencionar, por el contrario, que en algún caso también se proponen empeorar lo hasta hoy dispuesto en la ley mencionada. Así Ciudadanos llega a cuestionar el propio fenómeno de la violencia contra las mujeres, sustituyéndolo por todas las violencias que se producen en el ámbito doméstico, lo que creo, por otro lado, que le valió a esta formación política su público desenmascaramiento ideológico.

Ante este llamémoslo “pacto” habría que preguntarse cómo hubiera reaccionado la opinión pública española, o imaginemos a los propios medios de comunicación, si ante el problema de la violencia de ETA, por ejemplo, las propuestas políticas hubieran tenido el mismo alcance: la atención a las víctimas más la propuesta de incluir una asignatura educativa en el currículo escolar o seminario en el caso de extra-escolares. De risa si no fuera porque estamos ante una tragedia humana.

 ¿Somos exageradas las feministas?

Fátima Arranz es Profesora Titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y Coordinadora del Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales (UCM)

Esta entrada ha sido publicada en el blog de Ibercampus 

faarranz@ucm.es

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Las asesinadas de segunda categoría 

cuidado machismo mata

¿Por qué algunos muertos logran impactar más que otros en los medios de comunicación? ¿Alguien se cree que es sólo un problema de proximidad geográfica o de mayor riqueza o notoriedad de los finados? ¿Por qué las mujeres asesinadas por violencia de género ya no ocupan el lugar que les corresponde en los medios a pesar de que éstos estén en tiempo de pantano informativo? Y ¿Por qué los Gobiernos incumplen y han incumplido la prescripción de implementar medidas preventivas contra esta violencia?

 

“La información se guía por redes de poder”, afirma Miguel Angel Bastenier, uno de los  gurús del periodismo en España, en su Twitter con ocasión de explicar por qué  150 muertos en Kenia importan menos en Europa que 13 en París. Y efectivamente, las mujeres españolas lo sabemos muy bien, pues si no cómo explicar que esta  semana pasada,  Semana Santa, en la  que  es más que notorio que los medios de comunicación están ávidos de noticias, se haya despreciado  informativamente, nada más y nada menos,  dar cuenta de manera efectiva de las seis víctimas seis por violencia de género.

Desde luego ninguno de los motivos que añade Bastenier parece encajar para  explicar  esas diferencias jerárquicas ante la muerte, entre otras cosas porque sus explicaciones sólo se refieren a  los conflictos internacionales, como si dentro de nuestro propio país este hecho no se produjera. Veamos, ni el argumento de preferir  la proximidad  frente a la lejanía geográfica en la elección de los sucesos, las seis  vivían en nuestro territorio, y ni la calidad de la información, pues en este caso no hay que acudir a agencias foráneas para saber, justifican la “jerarquía de la muerte”, un término que usan los medios anglosajones para  dar cuenta del fenómeno.

Está claro que el poder, llámese el que mueve los medios o el que sujeta al Estado, no tiene el mismo aprecio cuando los muertos son varones o mujeres.  A estas alturas ya sé que algunos pensarán: “ya estamos con lo mismo…”. Pero más cansadas estamos algunas de predicar en este desierto  lleno de cadáveres que va dejando año tras año la violencia de género.

Los Gobiernos de turno “hacen que hacen”, efectivamente, pero más que mostrar ocultan las auténticas dimensiones del fenómeno. Ahí están los resultados de la Macroencuesta de Violencia de contra la Mujer  2015 que casualmente aparecieron también en esta semana fatídica presentados por el propio Ministro de  Servicios Sociales e Igualdad. Si bien la nueva Macroencuesta ha procedido a cambiar (por mandato de Naciones Unidas, claro)  de manera importante algunas informaciones que se recogían de manera “chapucera” en las Macroencuestas anteriores, aún sigue  siendo una investigación con algo más que lagunas metodológicas a las que responder desde el rigor de la medición científica (véase mi artículo Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: el Estado produciendo conocimiento”. Cuando menos es más que sospechosa esta paradoja estatal: por un lado, parece que nuestro particular leviatán se preocupa de conocer las cifras del problema, pero, por otro lado se cruza de brazos ante esta violencia. ¿Se sabe de alguna medida preventiva al respecto? No, no busquen, no existe ni una a pesar de que la famosa  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género así lo prescribe. 

Fdo. Fátima Arranz Lozano. Profesora Titular Sociología y Coodirnadora del Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales

Correo contacto: faarranz@ucm.es

Esta entrada ha sido publicada por su autora en el blog “Vueltas al conocimiento” en Ibercampus.es, el 6 de abril de 2015.

Mujeres, crisis, recortes.

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Las crisis económicas afectan de manera diferente a mujeres y hombres, porque la distribución del empleo no es equilibrada, sino que los hombres se concentran en determinados sectores y ocupaciones, y las mujeres en otros. Pero los efectos de esta crisis, y particularmente de las reformas laborales y las políticas de austeridad aplicadas en España y en otros países la Unión Europea, son más perjudiciales para las mujeres que para los hombres, ya que las relegan a los peores empleos e incluso dificultan su integración completa y estable en el mercado de trabajo.

Al principio, la crisis se interpretó, de manera un tanto apresurada, como un fenómeno que afectaba fundamentalmente a los hombres, y esto creó alarma. Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, hubo caídas de empleo notables en sectores masculinizados, como la construcción, la industria y el transporte terrestre. Pronto quedó claro, sin embargo, que eran más importantes sus efectos estructurales sobre las mujeres. Desde principios de 2009 el paro aumentó mucho en sectores feminizados, como el comercio al por menor y la hostelería, y desde 2012 en los servicios públicos. La eliminación de empleos temporales, que eran más femeninos que masculinos, también afectó especialmente a las mujeres.

La vigente reforma laboral de 2012 empeora particularmente las oportunidades de las mujeres, al eliminar la reducción específica de cotización por la contratación de éstas y aumentar las dificultades para negociar la reducción de jornada por cuidado de hijos. Desde ese mismo año, las políticas de austeridad y reducción del gasto público en educación, salud y servicios asistenciales, que son sectores feminizados (en 2011 empleaban a más de 1,8 millones de mujeres y representaban casi el 37% del empleo femenino) las viene afectando doblemente. A la pérdida de empleo femenino en estas actividades se suma la reducción de la oferta de servicios de educación, salud y atención a dependientes, lo que dificulta la conciliación trabajo-familia, y obliga a las mujeres a trabajar a tiempo parcial.

Con frecuencia se defiende que el empleo a tiempo parcial es una buena opción para las mujeres, que podrían así combinar trabajo y familia. En España, sin embargo, esta modalidad laboral, que representa más de una cuarta parte del empleo femenino (26,1% frente a solo el 7,6% del empleo masculino) tiene trampa, porque la reforma laboral de 2012 permite combinar la jornada parcial con la realización de horas extras y con el contrato temporal. Esto permite que se ofrezcan empleos de bajísima calidad que, además de sus bajos salarios y condiciones de trabajo inestables y precarias, generan pocos derechos a prestaciones por maternidad, desempleo y pensiones, lo que condena a las mujeres a la desigualdad estructural y a la pobreza a largo plazo.

Las mujeres con más riesgo de no encontrar trabajo son aquellas que no han finalizado la educación secundaria obligatoria y no tienen experiencia laboral, pero también las que tratan de volver al empleo después de varios años de maternidad -se han eliminado las ayudas por contratar a estas últimas-. Sorprende que las mujeres con educación secundaria e incluso universitaria se enfrenten a más dificultades para encontrar empleo que sus homólogos varones; y las que tienen hijos, mayores o dependientes a su cargo, comprueban con desaliento que en la crisis se han reforzado los prejuicios respecto a su compromiso laboral.

Pero los datos muestran que los estereotipos de la mujer centrada en su familia y para la que el empleo es algo secundario, no se corresponden con la realidad. En esta recesión se está comprobando que las mujeres casadas, con hijos y otros dependientes a su cargo, y que son persona de referencia (sustentadoras) del hogar, están aumentando su participación laboral y buscan empleo más intensamente que el resto de mujeres, e incluso que los hombres, que en muchos casos se están retirando del mercado laboral. En España, este grupo de mujeres muestra una especial resistencia ante la adversidad laboral y se mantiene en los empleos más tiempo que los hombres, aunque sea en peores condiciones.

La brecha salarial y de ingresos persiste, empeora, y es uno de los rasgos estructurales de la desigualdad laboral de género, como muestran los datos y los informes recientes de distintas instituciones. Esta brecha se explica, en parte, porque las mujeres están en los empleos peor pagados -jornada parcial y categorías más bajas que los hombres, aunque sus niveles educativos sean superiores- que generan menos derecho a desempleo y pensiones más bajas; pero otra parte de la brecha no tiene explicación y se debe a discriminación directa, es decir, a que se les paga menos por el hecho de ser mujeres.

También hemos retrocedido con respecto a la maternidad. La Reforma Laboral de 2012 reduce los derechos de las mujeres y aumenta los del empleador a la hora de negociar la reducción de jornada por cuidado de hijos menores. Las mujeres saben que, con honrosas excepciones, en las entrevistas de empleo ser madre es un hándicap, y lo mismo ocurre a la hora de optar a puestos de promoción: para un hombre, ser padre puede ser un mérito, una muestra de madurez; para una mujer, casi siempre es un demérito.

Aunque las leyes lo proclamen, no existe una igualdad real en el campo laboral entre hombres y mujeres. La igualdad real es una meta lejana, y la crisis económica y las políticas de austeridad la alejan todavía más. La Comisión Europea estima que, tal como evolucionaba el empleo femenino antes de la crisis, la igualdad en las tasas de empleo femeninas y masculinas se habría alcanzado en 2021; con el cambio de tendencia por la crisis y la austeridad, no se alcanzará hasta 2038. Esperemos que al menos la disfruten nuestras nietas

Una de las barreras que impiden alcanzar la igualdad real es la brecha del tiempo de trabajo no pagado -cuidados del hogar, familia, dependientes- al que las mujeres europeas y españolas dedican 26 horas semanales frente a solo 9 horas de los hombres. De seguir las tendencias actuales, la Comisión Europea estima que serían necesarios 40 años para alcanzar la igualdad de género en este aspecto. Para nuestras bisnietas.

La solución no está en el emprendimiento femenino, especialmente difícil en los momentos actuales, debido a la escasez del crédito bancario, imprescindible para emprender. Además, para las mujeres es más difícil obtener crédito por los prejuicios de género antes mencionados, a pesar de que está demostrado que devuelven las deudas mejor que los hombres. Esto condena a las emprendedoras que no cuenten con recursos financieros propios o de sus familias a iniciar actividades con muy poco capital físico, humano y tecnológico, y por tanto negocios poco competitivos. Hay que apoyar el emprendimiento femenino con líneas de crédito específicas, pero también con asesoría tecnológica y organizativa, que lo hagan competitivo y sostenible.

Aunque en los momentos actuales la realidad objetiva no es favorable a las mujeres, sin embargo la principal fuente de esperanza y de cambios positivos son las mujeres. Nuestras investigaciones muestran que ya no se identifican con estos estereotipos de cuidadoras universales y trabajadoras intermitentes. Por el contrario, han asumido con determinación el papel de sustentadoras económicas de sus hogares y por ello quieren estar en el mercado laboral, mantenerse y mejorar su posición. Su compromiso con el empleo es completo porque saben que el bienestar de sus familias, y ahora también los ingresos, dependen de ellas. Pero necesitan el apoyo de políticas públicas que, por una parte, ofrezcan servicios de cuidados para menores y dependientes, de manera que el Estado se haga cargo de una parte de esas tareas mientras la mujeres generan riqueza económica; y por otra, políticas que faciliten que los hombres compartan las responsabilidades de cuidados y del hogar, como las bajas paternales y por cuidado de otros dependientes, horarios más razonables y, en definitiva, todo lo que constituye una política de corresponsabilidad familiar y social.

Fdo. Cecilia Castaño, Catedrática de Economía y Coordinadora Máster Igualdad de Género en las Ciencias Sociales

Esta entrada ha sido publicada en El Huffington Post, el 27 de marzo de 2015.

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo de 2015, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Uno de esos “días grandes”, por no decir  EL DÍA grande.

Durante este mes se llevan a cabo en muchos lugares actividades en torno a la temática “de la mujer” y de la igualdad. Desde el Grupo Genera Igualdad del Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid nos sumamos aportando un punto de luz más sobre esta importante fecha.

El origen del 8 de marzo tiene varias teorías. Una versión dice que fue con motivo de la quema de una fábrica textil en Nueva York en 1908 en la que murieron 129 mujeres que trabajan en condiciones infrahumanas. Otra que fue con motivo de los amotinamientos que llevaron a cabo las mujeres rusas durante la Revolución Rusa en 1917; otras versiones cuentan que viene de unos años más atrás…

Y si bien es sabido que la decisión final fue propuesta por Clara Zetnik en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, en lo que coinciden todas las versiones sobre el origen de la fecha es en una cosa: la mejora de la situación de la mujer. El derecho al voto, mejoras laborales, salariales, derecho a decidir libremente sobre la maternidad, a ser elegidas en las instituciones, derecho a tener una educación no sólo básica, a no ser consideradas inferiores, dependientes, menores de edad. Conseguir ser ciudadanas de pleno derecho.

En España, una de las etapas más importantes fue la del primer tercio del siglo XX con la elección de Clara Campoamor como Diputada en las Cortes Generales quien, con mucho esfuerzo y no sin muchas personas en contra, consiguió que se aprobase en 1931 el derecho al voto femenino sumando a nuestro país en la lista de países con sufragio universal.

Entrada la democracia en 1978, la carrera por conseguir lo que a día de hoy tenemos puede considerarse una llena de obstáculos.

En el caso de la Universidad, el primero de esos obstáculos que encontramos es el de la brecha que existe a medida que se asciende en el nivel de profesionalidad y que nos da una idea de que aún queda mucho por hacer. La proporción en el escalón de las Cátedras, la proporción es de una mujer por cada cuatro hombres (20% frente al 80%), según los datos publicados por el Ministerio de Educación, cultura y Deporte (1).

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Sí, hemos conseguido muchas cosas, la lista es larga. Pero no está terminada. El 8 de marzo es un día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora; es el día en el que se celebra lo que consiguieron las que estuvieron antes que nosotras, lo que se ha conseguido-hemos conseguido- en el presente; pero es el día en el que se grita, con más fuerza si cabe, que no todo está conseguido, que aún se siguen dando desigualdades

Es un solo día, sí, pero el resto de días siguen siendo también 8 de marzo. Este año, un año más, el Grupo Genera Igualdad y el alumnado del Máster participarán en la manifestación que se celebrará en Madrid. Seguiremos recordando que se celebra y se festejan los derechos y avances conseguidos, pero sin olvidar que aún falta.

Es un 8 de marzo en el que  seguimos reclamando la verdadera igualdad entre mujeres y hombres y seguimos criticando un sistema que nos perjudica a todas las personas, mujeres y hombres.

Desde el Grupo Genera Igualdad y desde el Máster en general, invitamos a todas las personas a seguir trabajando por conseguir hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres que tanto reclamamos. Desde aquí seguimos y seguiremos en ello.

#8deMarzo

#DíaInternacionalDeLaMujer

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(1) Fuente: eldiario.es. Daniel Sánchez Caballero, 2 de marzo de 2015. http://www.eldiario.es/sociedad/igualdad-universidad-rectora-centros-publicos_0_362213911.html

Informe sobre Datos básicos del sistema universitario español. Curso 2013-2014. Ministerio de Educación, Curltura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf

 

 

La necesidad de investigar sobre la (des)igualdad de género en las universidades españolas

En las universidades y centros de investigación públicos españoles hay numerosas iniciativas en curso en favor de la igualdad de género y es evidente que se están realizando avances importantes, aunque por el momento no se ha evaluado el grado de aplicación de la ley de forma sistemática. Desde GENERA TALENTO nuestro objetivo es analizar cómo son los planes de igualdad adoptados por las universidades españolas, cómo están funcionando y si se está cumpliendo la Ley de la Ciencia en la composición de los órganos de dirección y órganos de evaluación y selección de las universidades públicas y del CSIC, si se establecen mecanismos para eliminar los sesgos de género. Se trata de comprobar si la comunidad universitaria e investigadora está apoyando los esfuerzos denodados de muchísimas mujeres, y cada vez también más hombres, para superar las desigualdades y la discriminación de género en estos ámbitos cruciales desde los que se genera y difunde el conocimiento y se forma a las y los líderes del mañana.

En este blog, como espacio de comunicación, difusión e intercambio de experiencias entre las y los que estáis/estamos participando en el complicado proceso de lograr la igualdad de género en las universidades y la investigación en España, queremos y necesitamos vuestros comentarios y experiencias para compartirlas y que nos permitan avanzar a todas/os no solo en la investigación sino en la intervención a favor de la igualdad de género en nuestros centros y universidades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a aportar los resultados de nuestra búsqueda tanto en términos de resultados de la investigación internacional y nacional como de nuestra propia investigación, y esperamos que ello os motive a enviarnos vuestra propias entradas y a participar en el debate.

En esta entrada queremos empezar por el principio: por qué, en la mitad de la segunda década del siglo XXI, es todavía necesaria la investigación científica sobre igualdad de género en las universidades españolas. Veamos algunos datos y algunas ideas.

Una de las formas en que el sesgo de género se manifiesta en el ámbito universitario y de la investigación es el de los procedimientos formales de valoración de los méritos. Para España, Zynobyeva y Bagues (2011) (1) demostraron que en las acreditaciones a cátedras y titularidades que tuvieron lugar entre 2000 y 2006 el sexo de los componentes de las comisiones evaluadoras tuvo un enorme impacto sobre las probabilidades de éxito de mujeres y hombres respectivamente. Cada evaluador varón adicional reducía el número de mujeres acreditadas como catedráticas en 14% y aumentaba el de hombres en 6%. También Sánchez de Madariaga et al. (2011)(2) demuestran que la probabilidad de que un Profesor Titular sea promocionado a Catedrático es 2,5 veces superior para los hombres que para las mujeres.

Lo anterior es una muestra de los sesgos de género ligados a problemas de transparencia en los procesos de promoción y selección de profesorado e investigadores, ya constatados para la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea en distintos informes (3) , así como para el caso español en algunas de nuestras investigaciones sobre este tipo de problemáticas (4). Para el caso de los Estados Unidos, las dificultades de las mujeres para avanzar en las carreras científicas se recogen en el libro de Stewart, A. et al. (2007)(5), sobre las estrategias y resultados del programa ADVANCE de la National Science Foundation. Otros autores, como Ehrenber et al. (2011)(6) muestran, asimismo, la influencia del “gender mix”, la presencia de mujeres en los comités y los máximos órganos de las universidades y centros de investigación, en el incremento del número de profesoras e investigadoras en las universidades.

La Comisión Europea y los Estados miembros han legislado para asegurar la igualdad de oportunidades y de tratamiento a las mujeres en los ámbitos laborales y de derechos individuales y económicos. Aunque la Comisión no ha establecido normas específicas por el momento para ámbito científico, invita sin embargo a los estados a involucrarse con las universidades, centros de investigación y organismos de financiación para promover el cambio cultural e institucional y para garantizar que al menos un 40% del sexo menos representado participe en las comisiones de reclutamiento y promoción de investigadores así como en los comités que diseñan y evalúan los programas de investigación (EC 2012)(7). Algunos Estados miembros, y particularmente Noruega, han desarrollado normas orientadas al equilibrio de género en los estamentos que diseñan y deciden sobre la educación universitaria y la investigación.

En España se han realizado esfuerzos pioneros esenciales para superar esta situación. En primer lugar, la creación en 2002 de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC con el objetivo de hacer el seguimiento de la incorporación de mujeres, así como de promover la aplicación de medidas de igualdad de género (planes de igualdad, etc.).

La Ley de Igualdad de 2007 reconocía en su Artículo 53 que todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella –aplicable a las universidades y los centros de investigación públicos- responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.
Desde una perspectiva más específica, la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece medidas sobre la composición equilibrada por sexo de todos los órganos de decisión, consejos y comités, la desagregación por sexo de los datos e indicadores del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, los mecanismos para eliminar sesgos de género en los procedimientos de evaluación y selección, la adopción de planes de igualdad en el plazo de dos años por parte de los centros y la perspectiva de género como categoría transversal en investigación y tecnología.

No sabemos, sin embargo, si se están cumpliendo estas normas legales y , aunque parezca extraño, en España no tenemos cultura de evaluación. Con frecuencia las normas legales más progresivas se encuentran con problemas y resistencias en los cuerpos sociales sobre los que han de aplicarse, lo que afecta a su efectividad. También ocurre a veces que declaraciones encendidas a favor de la igualdad se quedan en algo retórico y sirven precisamente para, a continuación, no hacer nada. Como afirman Grenz et al. (2008, p.8)(8) “se avanza más en la retórica que en los números”.

Es importante que nos preguntemos por las condiciones en las que se están aplicando las leyes y los planes de igualdad de género en nuestras universidades y centros de investigación y si están contribuyendo a cambiar algo, básicamente a que las mujeres avancen. El seguimiento y la evaluación son necesarios, pero no se trata de aplicar a las políticas de igualdad los mismos estándares de evaluación que se aplican a las universidades, basados más en criterios cuantitativos y de resultados económicos que en la calidad de las enseñanzas y la formación. Necesitamos criterios específicos elaborados en función de las necesidades de las mujeres y que incorporen tanto conocimientos científicos de género y experiencia en políticas de género, como la conciencia de las relaciones y los estereotipos de género más comunes en la vida cotidiana.

 

Fdo.: Cecilia Castaño Collado. Catedrática de Economía Aplicada y Coordinadora Máster Igualdad de Género en las Ciencias Sociales (UCM)  

 

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Notas al pie

(1)  Unas 35.000 candidatos fueron evaluados por 7.000 evaluadores elegidos por sorteo entre profesorado de las respectivas áreas. La productividad investigadora se evaluaba a partir del número de publicaciones y de citas de cada candidato en Zinovyeva N. y M. Bagues (2011), “Does Gender Matter for Academic Promotion? Evidence from a Randomized Natural Experiment”, Discussion Paper Series IZA DP No. 5537 disponible en http://ftp.iza.org/dp5537.pdf

(2) Ministerio de Ciencia e Innovación (2011) “Libro Blanco. Situación de las Mujeres en la Ciencia Española” Sánchez de Madariaga, I., de la Rica, S. and Dolado, J. (Editores), disponible en http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/LibroBlanco-Interactivo.pdf

(3) Caprile, Castaño et al. 2012, “Meta-analysis of gender and science research. Synthesis Report”, disponible en https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/meta-analysis-of-gender-and-science-research-synthesis-report.pdf

(4) Castaño, C. (Directora), 2010, “Género y TIC: Presencia, posición y políticas”, Ediciones UOC

(5) Stewart, A. et al. (2007) Malley, J.E., LaVaque-Manty, D. Transforming Science and Engineering (2007) MIT Press

(6) Ehrenberg, R., Jakubson, G., Martin, M., Main, J. y Eisenberg, T. (2012): “Diversifying the faculty across gender lines: Do trustees and administrators matter?”, Economics of Education Review, vol. 31 (1), pp. 9-18

(7) EC (2012) A reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth, p. 12, disponible en en http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf

(8) Grenz, S., Kortendiez, B. Kritszio, M, Löther, A. (2008) Gender Equality Programmes in Higher Education. International Perspectives, VS, Verlag für Sozialwissenchaften)

Hablando de políticas para la igualdad

El planteamiento de la igualdad en los planes de igualdad

En el Estado Español los esfuerzos por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en paralelo con el reconocimiento, por parte de los poderes públicos, de la desigualdad estructural de género que existe en nuestra sociedad. Por ello, las agendas políticas han recogido la discriminación de género como un problema público que hay que abordar y resolver.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se han dado pasos en distintos ámbitos, como en las instituciones, en las relaciones laborales, para garantizar el derecho fundamental de igualdad y no discriminación de género. El artículo 46 de la citada Ley hace referencia al establecimiento de criterios para elaborar los Planes de Igualdad donde se fija:

  • La realización de un diagnóstico de la realidad concreta.
  • La elaboración de un conjunto de medidas, en base al diagnóstico, para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres con el fin de acabar con la discriminación por razón de sexo.

Para que sean efectivas, es importante que los planes cuenten con elementos clave como los siguientes:

  • Objetivos
  • Estrategias y prácticas
  • Seguimiento y evaluación

Para alcanzar sus objetivos, los Planes de Igualdad podrán incluir propuestas respecto al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo en el trabajo, conciliación, prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En resumen, un Plan de Igualdad es una herramienta para concienciar, comprometer y actuar con la intención de elaborar prácticas positivas para la promoción y sensibilización acerca de la necesidad de la igualdad de género.

Sin embargo, la definición y el contenido de un Plan de Igualdad recogida en la LOIEMH (2007) puede dar lugar a interpretaciones distintas y a cierta confusión. No siempre es fácil definir y acordar los conceptos que son necesarios, tales como conciliación, corresponsabilidad, acoso, violencia o la propia idea de igualdad como igualdad de oportunidades o como igualdad en resultados.

Atendiendo a la estructura de un Plan de Igualdad, ya sea en una empresa, administración y/u otras entidades y organismos, deben fijarse:

  • Objetivos generales, estratégicos y operativos en base a las distintas materias identificadas en el diagnóstico previo
  • Ejes de actuación en los que es necesario intervenir para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
  • Incorporación de medidas específicas que garanticen la consecución de los objetivos.
  • Seguimiento y evaluación del desarrollo y aplicación.

La realización de un adecuado diagnóstico facilita un mejor diseño del Plan de Igualdad. Para ello se hace necesario e imprescindible el compromiso activo y eficaz de todos los/as actores/ices de la empresa, entidad, administración y/u organismo, desde la base hasta la cúpula, pues el éxito del Plan de Igualdad es una meta colectiva que depende del nivel de implicación por parte de todos/as aquellos/as partícipes interesados en el logro de la misma.

Es encomiable el esfuerzo que, a pesar de las dificultades, las instituciones y las empresas están realizando por y para el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, son varios los aspectos sobre los que es necesario reflexionar.

El libro de Bodelón e Igareda (2013) Los planes de igualdad en tiempos de crisis. Problemas de aplicación y carencias conceptuales, analiza, en el Capítulo 6, los Planes de Igualdad de 103 empresas. De su lectura se concluye que la aplicación de los planes de igualdad en las empresas no se está llevando a cabo como sería deseable ni está produciendo los efectos esperados. Son varias las razones que justifican esta conclusión, distinguiendo específicamente las siguientes:

  1. La LOIEMH, a pesar de ser muy innovadora, presenta ciertas lagunas en cuanto a su diseño y aplicación práctica, a destacar:
  • Falta de obligatoriedad en su implementación, siendo obligatoria únicamente la negociación.
  • Ausencia de obligatoriedad del diagnóstico, así como falta de reglamentación referente al mismo.
  • No se fija el establecimiento de plazos de cumplimiento y mecanismos de evaluación.
  • Falta de desarrollo reglamentario.
  1. La ausencia o insuficiente formación en igualdad y género del personal de las empresas y de aquéllos implicados directamente en la elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad.
  2. La dificultad de abordar la problemática de la desigualdad de género en el seno de las empresas, en un contexto masculinizado y una cultura patriarcal, donde las relaciones que se producen están totalmente jerarquizadas de acuerdo a dicho contexto y cultura.
  3. La crisis política y económica que asola nuestro país desde el año 2008, ocasionando un estancamiento, retroceso y empeoramiento de las desigualdades de género dentro del ámbito laboral, dificultando la negociación de los planes, así como la aplicación efectiva de los ya negociados.

El análisis de Bodelón e Igareda (2013) nos invita a reflexionar respecto a si los Planes de Igualdad que se han elaborado en las universidades encuentran los mismos o distintos problemas que en las empresas, tratándose de entornos bastante diferentes en términos de organización, condiciones de trabajo, estructura y cultura de género. En siguientes entradas procederemos a esa reflexión.

Vaya por delante, como ejemplo, que no queda claramente establecida, ni en la LOIEMH ni en los Planes de Igualdad, la necesidad de superar los estereotipos respecto a conciliación, ya que no aparece el concepto de corresponsabilidad referido a hombres y mujeres, sino que predomina la visión de ayudar a las mujeres a conciliar.

Eva Martínez Borrega

Olga Suárez Caldera

“Por favor, papá, no le pegues…”

Esta  frase expresa la angustia, el miedo, la vulnerabilidad de las “otras víctimas” de la violencia machista en el hogar. El menor que presencia cómo se agrede a su madre es una víctima más del machismo criminal. Sus  heridas más visibles son psicológicas y graves: temor, angustia, desprotección. Pero debemos añadir otra, menos visible aunque no menos importante: la privación de la función protectora que corresponde al padre.  En el momento que el padre lesiona  a la madre, especialmente si lo hace en presencia de sus hijos,  deja de cumplir su función paterna  con los hijos y se convierte en un enemigo amenazante, alguien que puede dañar o acabar con su vida: un agresor psicológico en ese momento, pero más que probable agresor físico en el futuro.  Por ello, obligar al menor a depender de él, significa imponer que sea el real y potencial  agresor el que controla su vida, sus tareas escolares, su comida y sus actividades, lo cual es una tragedia y un trauma. El trauma de tener que aceptar como padre a alguien que no cumple su función.

Los menores que se encuentran en esa situación  son víctimas reales y directas  de la violencia machista y sus daños más evidentes son la angustia y el miedo;  pero cada vez más los niños saben que son objetos que lo padres usan para agredir indirectamente a sus madres.  Varios casos recientes muestran la frecuencia y facilidad con la que niños de diversas edades son tomados como objetos mediadores en el odio contra sus  madres. Demasiados casos en los que los padres utilizan a los hijos como chivos expiatorios de su machismo, revelando que han renunciado a su función paterna. ¿Es que esto no se ve en los  juzgados?

Si hemos hecho posible que las mujeres eviten la muerte y huyan  de  sus agresores, ¿por qué no hacerlo a la vez con los niños, no permitiendo las custodias o restringiendo y vigilando mejor las visitas  a quienes han demostrado no solo que han dejado de ejercer la función paterna, sino que pueden actuar con odio desviado y dañino? ¿No se puede extender a los menores la protección que se brinda a sus madres? En una situación semejante, ¿quién tiene prioridad, los agresores o las posibles víctimas a las que se coloca en una situación de indefensión más que peligrosa?

 

 

Concepción Fernández Villanueva. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid y Profesora del Máster Universitario en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales (UCM).

Las políticas públicas frente a la violencia de género

Un año más, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Desde los Cursos de Igualdad y Violencia de Género de la UCM queremos añadir un espacio más de comunicación y análisis que nos ayude a plantear muchas preguntas que aún están sin responder y que nos obligan a seguir conmemorando este día en pleno siglo XXI

En España, ya bien avanzado el año 2014, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han sido asesinadas 48 mujeres por ser precisamente eso, mujeres. El número de vidas que se cobra cada año la violencia machista es alarmante, lo que nos lleva a reflexionar sobre la efectividad de las políticas públicas articuladas en nuestro país para hacer frente a la misma, teniendo en cuenta no sólo la cifra de mujeres víctimas, sino considerando otras cuestiones esenciales que muestran los enormes déficits que caracterizan a dichas políticas.

Desde nuestra perspectiva, el recorte en la articulación y puesta en práctica de las mismas, no es un espejismo, sino que  desde hace algunos años venimos experimentando un grave retroceso en este aspecto. Las reducciones de los servicios destinados a la erradicación de este problema, que por su carácter estructural es responsabilidad de toda la sociedad y no solo conciernen a las afectadas, ha agravado la situación de todas las mujeres víctimas. A lo anterior  se suma la falta de incidencia de otras políticas públicas en aspectos fundamentales que contribuyan a garantizar  la salida de las mujeres de la situación provocada por la violencia machista.

Si sabemos que muchas mujeres en situación de violencia no pueden salir de ella porque no cuentan con medios económicos, ¿por qué la sociedad española no quiere reconocer  la necesidad de garantizar un empleo a las mujeres víctimas de violencia de género como una de las primeras medidas de asistencia y protección? Si no tienen a dónde ir ¿por qué no garantizar una vivienda para ellas y sus hijos? ¿Se es consciente de la enorme trascendencia de respaldar la independencia económica de estas  mujeres, para que les sea posible romper la relación de maltrato y recomponerse a sí mismas y a sus hijos/as? ¿Por qué no se reclama que las políticas públicas de empleo, vivienda, educación, salud, consideran este tipo de cuestiones? Todavía nos queda mucho por hacer.

Recientemente la Unión Europea ha manifestado que las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno español no han sido las adecuadas puesto que desde que se aplicó la última reforma laboral, en febrero de 2012, la tasa de desempleo ha aumentado y el nivel adquisitivo de la población ha bajado.

La ausencia de perspectiva de género en el análisis de las medidas aplicadas y de los efectos de su puesta en marcha nos da una idea también de cómo la desigualdad es una variable que no se toma en cuenta. Según los datos de desempleo del mes de octubre ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 52,8% de las personas desempleadas son mujeres, frente al 47,2% de hombres, una muestra más de la difícil situación en la que se encuentran las mujeres en el mercado laboral, a lo que se suman las carencias de las políticas públicas de empleo.

Añadamos que la cantidad presupuestada para 2015 en los PGE destinada a la lucha contra la violencia de género se queda en un total de 1.924,54 millones de euros, un incremento del 0´61% respecto a las cuentas de 2014. Es importante destacar que dicha partida en 2014 se vio reducida en más de 8,5 millones de euros respecto a 2013. En total, las actuaciones contra la violencia de género se han reducido en un 22% menos en comparación con 2011, en 27,3 millones de euros menos desde entonces.

Por todo ello, es esencial que las políticas públicas que se plantean desde las instituciones gubernamentales estén destinadas a trabajar por una inclusión de las mujeres en el mercado laboral y utilizar ésta como una de las vías de salida de la violencia de género a través de las cuales las mujeres pueden obtener una autonomía e independencia económica que repercuta en ellas y en su bienestar. Especialmente si, frente a los PGE de 2014, sólo se aumenta un 0,61% la partida económica para luchar contra un problema de la gravedad de la violencia de género, con decenas y casi centenas de víctimas año a año.

Es indispensable que evidenciemos este problema de las políticas públicas ante el conjunto de la sociedad española, ya que afecta a todas las mujeres; en especial a las que son víctimas de la violencia de género, pero también a su entorno familiar y social. Ofrecer las medidas y garantías suficientes para hacer frente a la realidad de la desigualdad y violencia de género es tarea fundamental, pero falta la voluntad de cambiar y resolver la misma, como muestran los datos.

Fdo.: Cecilia Castaño, Eva Martínez, Olga Suárez y Rocío Blay